Leyes humanas y leyes divinas

Al menos desde que Montesquieu publicó su obra titulada “L’Esprit des Loix” (El Espíritu de las Leyes), entendemos, o al menos suponemos, que las leyes humanas se elaboran en unas cámaras legislativas, elegidas de forma más o menos democrática o, dicho de forma menos “connotativa”, más o menos representativa, leyes que son de obligado cumplimiento para la población ubicada en el territorio donde dichas cámaras tienen jurisdicción.

Es decir, que en dicho territorio se escogerán unos representantes con el cometido de elaborar las leyes que servirán para regular la convivencia de un conjunto numeroso de seres humanos, abarcando todas o, al menos, la abrumadora mayoría de cuestiones relativas a dicha convivencia.

Podemos decir, en conclusión, que las normas que regulan la convivencia de un colectivo amplio son las elaboradas por ese mismo colectivo, si no de forma directa por la totalidad de sus miembros, al menos por los representantes elegidos por estos. Lo cual lleva a la conclusión de que cada colectivo con capacidad legislativa es soberano en su ámbito. 

A pesar de que esto es en principio bastante sencillo, hay muchas personas que no lo entienden de esa manera. ¿Por qué? Porque opinan que existen otras leyes, pretendidamente de rango superior, que son las leyes divinas. Unas leyes a las cuales atribuyen el carácter de “universal”, o sea, que tienen vigencia sobre todo el género humano al margen del país, la época, o cualquier otro dato relativo a las personas en cuestión. 

Sabemos que cada colectivo humano se dota de unos poderes coercitivos para obligar a la ciudadanía a acatar las leyes emanadas de las cámaras legislativas, y que los posibles incumplimientos podrán tener la calificación de faltas o delitos, con las consecuentes penas o sanciones a aplicar. Pero esto no es lo que queremos tratar aquí, sino otra cosa: ¿Hasta qué punto aceptamos de buen grado que las leyes elaboradas por las cámaras legislativas son las que debemos asumir como obligatorias para nosotros, no porque existan elementos coercitivos para castigar su transgresión, sino porque son la mejor guía para regular el funcionamiento de la sociedad, para arbitrar en los conflictos, o para establecer los derechos y deberes de los miembros de un colectivo social?

¿No ocurrirá, por el contrario, que, si mantenemos la hipótesis de que por encima de las leyes elaboradas por los seres humanos existen otras de ámbito superior, a las leyes emanadas de las cámaras legislativas les damos solo un valor relativo, o incuso subsidiario?

Y si fuera así, enseguida surge una pregunta: ¿Cuáles son esas leyes elaboradas dictadas por la divinidad? ¿Dónde están escritas? ¿Quién tiene el poder o, dicho de manera más “bíblica”, la potestad de decirnos cuáles son?

Una vez más, nos topamos de lleno con las cuestiones más básicas de la teología: La primera, que no existe un único dios, sino varios; que no todos los dioses existentes se han dedicado a legislar; y que los que lo han hecho no solo no han coincidido en el mismo articulado legal, sino que han legislado contradiciéndose unos con otros.

Y la segunda, que la pregunta fundamental de la teología no es si Dios existe o no, sino quién detenta el poder: Dios sobre los seres humanos o al revés; si los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, o los dioses a imagen y semejanza de los seres humanos.

Decíamos también en capítulos anteriores que lo más importante de los diversos dioses ha sido la manera como influyen en el comportamiento de los seres humanos. O sea, las leyes y normas que promulgan, y el mayor o menor caso que los humanos hacemos de las mismas.

Con respecto a los dioses que tenemos más cercanos, sabemos que el infierno ha sido -es- el principal elemento coercitivo que se ha establecido para obligarnos a cumplir las leyes de la divinidad, con lo cual se establece un cierto paralelismo entre las leyes “terrenales” y las “divinas”: no basta con que los humanos acatemos las leyes divinas de buen grado, con el convencimiento de que ello es lo más beneficioso para la sociedad, sino que, por si acaso, habrá que arbitrar medidas, llamémoslas, “complementarias”.

Si afirmamos que los dioses son una creación humana y, por tanto, el poder no lo tienen los dioses, sino los seres humanos, el primer corolario que se deduce de ello es que las leyes elaboradas por las cámaras legislativas son de rango superior a las leyes divinas. Podrá pensarse que las leyes humanas son justas o injustas; o que las respectivas cámaras legislativas no representan de forma adecuada a todos los sectores de la sociedad. Pero lo que ya no cabrá será invocar preceptos divinos para actuar en contra de las leyes emanadas de dichas cámaras, porque los preceptos divinos, si existieran, serían de rango inferior.

Pero la cosa no se acaba ahí: hemos mencionado en el capítulo anterior una serie de requisitos de las leyes “humanas” que no se dan en las divinas. No solo el carácter representativo de las cámaras, sino también otros recursos que asisten a la ciudadanía, como por ejemplo la capacidad de recurrir las leyes, o el derecho a defensa legal, o que el poder judicial dictamine si una ley recién promulgada es contraria al ordenamiento legal general. Nada de esto existe en las leyes divinas, porque, al contrario de lo que se plantea en el famoso tratado de Montesquieu, que divide el poder del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, en las leyes divinas es Dios quien las redacta, quien las hace cumplir, y quien nos juzga si lo hacemos o no. Es, en definitiva, poder legislativo, ejecutivo y judicial a la vez.

¿Qué tipo de ordenamiento social se esconde detrás de esto? Es más que obvio: un régimen de monarquía absoluta. 

En la época de las monarquías absolutas lo de las leyes divinas venía que ni anillo al dedo para justificar el poder arbitrario y omnímodo del monarca, que, como es sabido, lo ostentaba emanado directamente de Dios. No solo eran las leyes humanas de rango inferior a las divinas, sino que emanaban directamente de estas. Pero por fortuna, y no solo por fortuna, sino gracias a un montón de esfuerzos, de sacrificios, de sufrimientos y de sinsabores soportados por el género humano a lo largo de los siglos, el poder absoluto de las monarquías se fue debilitando. Empezaron a surgir repúblicas democráticas, en las cuales, al menos de forma nominal, el gobierno pertenecía al pueblo. Se estableció también la libertad de pensamiento, de culto o de no culto, porque las leyes humanas dejaron de establecer preceptos que coaccionaran la libertad individual de los seres humanos. Y así, poco a poco, se llegó a un punto en el cual las leyes divinas se redujeron a una mera guía de comportamiento individual, no vinculante más que para la persona en cuestión, y sin pretensión de entrar en abierto conflicto con las leyes emanadas de los respectivos parlamentos. 

No obstante, debemos desconfiar. Una y otra vez pretenderán asaltarnos con presiones “extraparlamentarias”, argumentando que, antes de obedecer los que digan las leyes humanas, debemos obedecer a Dios. No solo en países más o menos “exóticos”, sino en otros tenidos por demócratas y civilizados. Una y otra vez querrán someternos al poder de una monarquía absoluta y coartar nuestra libertad individual, es decir, impedir que seamos dueños de nosotros mismos. Es importante por ello que, con las salvedades que se quiera, reconozcamos el enorme valor que tiene el que existan unas leyes elaboradas por unos representantes de la sociedad elegidos de forma democrática. Porque cualquier otra opción, incluyendo entre ellas la preponderancia de las supuestas leyes divinas, es muchísimo peor.